Un debate recurrente: el control estatal sobre las armas.

Un debate recurrente: el control estatal sobre las armas.

La cuestión sobre la tenencia de armas por parte de los ciudadanos es un debate que suele estar de fondo en nuestras sociedades y que cada cierto tiempo se reaviva para que de nuevo partidarios y retractores afinen sus argumentos. La situación socioeconómica y política de cada país son factores que tienen mucho que ver en la posición que toma el Estado sobre la cuestión de las armas y también la manera en la que la sociedad asimila dicha legislación y enfoca dicha controversia, en caso de que éste exista.

La realidad es que, salvo en algunas excepciones, en la mayoría de los países se permite a los civiles  (lo cual no significa que se reconozca como un derecho) que puedan poseer armas de fuego, siempre en un marco regulado por la normativa, bajo una serie de controles y restricciones.

Lo cierto es que hechos como los que se han producido en los últimos días en Nueva Zelanda, Brasil y Países Bajos han puesto de nuevo sobre la mesa una serie dudas en torno a la posesión y el control de las armas, en base al miedo global ante ataques terroristas organizados o acciones violentas aisladas que desestabilicen nuestras sociedades.

En el caso de Nueva Zelanda ha resultado especialmente traumático, al tratarse de un país acostumbrado a vivir en calma y que se encuentra en segunda posición en el “ránking” de los diez países más pacíficos del mundo. Su primera ministra, Jacinda Ardern, tras el ataque a dos mezquitas en Christchurch que dejó 50 muertos y decenas de heridos, ha impulsado una nueva ley destinada a un mayor control de las armas, además de anunciar la prohibición de vender fusiles de asalto y de armas de estilo militar en el país, así como un plan de recompra de los 15.000 rifles de este tipo que están en manos de la población. En Nueva Zelanda la edad mínima requerida para tener armas de fuego es de 16 años y, en caso de que se trata de un arma semiautomática y de tipo militar, 18 años. Sin embargo este hecho ha sacado a la luz la realidad sobre las armas en el país: en 2018 estaban registradas en más de 200.000 licencias de armas, pero se estima que existen en activo más de 1’5 millones de armas entre la población.

En España ha surgido recientemente, al amparo de las precampañas electorales, un amago de polémica al respecto de las armas aunque sin demasiada continuidad, pues no se ha encontrado enfrente con el apoyo de la sociedad sino más bien con la sorpresa por esta propuesta, tanto por parte de los ciudadanos (siempre hablando de forma mayoritaria) como del ámbito político.

En el artículo 149.26, la Constitución española especifica que es el Estado español quien “tiene la competencia exclusiva sobre la producción, venta, posesión y uso de armas y explosivos”; es decir, que desvincula a la población civil de la tenencia de armas salvo casos determinados en los que así haya sido especificado, así como por cuestiones deportivas o actividades cinegéticas, siempre que previamente se cumplan una serie de requisitos y aptitudes necesarios según la normativa. Así pues, en España se tiene registradas algo menos de 3 millones de armas de fuego, dentro de las cuales 127.224 son armas cortas (Licencia B) entre las que se encuentran las portadas por los Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional, Guardia Civil, y Ejército), por la Policía Local, la vigilancia privada, las dedicadas al tiro deportivo y, en menor escala, las que portan particulares por motivos excepcionales, unas 8.000 armas.

Sorprende el caso de Suiza, un país con una gran cantidad de armas en manos civiles, donde se estima que hay más de 2’5 millones de rifles y pistolas, pero que tiene uno de los menores índices de homicidios del mundo. Todo ciudadano suizo tiene derecho por ley a poseer un arma de fuego si no tiene antecedentes penales. También los residentes extranjeros tienen este derecho, salvo en caso de venir de ciertos países (Albania, Argelia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Turquía, Sri Lanka, Kosovo y Macedonia). También es importante reseñar que los soldados pueden quedarse con su arma una vez abandonan el ejército.

Sin embargo, el Parlamento y el Gobierno pretenden modificar las leyes suizas al respecto para endurecer las condiciones de su posesión y asimilarlas al contexto europeo, aunque el protocolo actual ya incluye una revisión de los antecedentes criminales y un registro nacional de armas.

En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro hizo efectivo al comienzo de su mandato el que fue uno de sus baluartes durante la campaña electoral, el llamado “legítimo derecho a la defensa”, facilitando la compra y tenencia de armas en un país que cuenta con una de las tasas más altas de homicidios. Así pues, los ciudadanos mayores de 25 años sin antecedentes criminales podrán tener hasta cuatro armas en su poder sin tener que justificar para qué las necesitan.

Pero a la hora de hablar sobre la cuestión de las armas, el país por excelencia en relación a este tema es Estados Unidos, donde la famosa Segunda Enmienda (1791) ampara el derecho a portar y poseer armas por parte de sus ciudadanos. Fundamentalmente son las leyes federales las que regulan la venta, posesión y el transporte de armas de fuego y municiones y las leyes estatales se encargan de perfilar en función de cada territorio, por lo que se trata de un marco general con diferentes supuestos. Ante algunos conatos de que las leyes locales y estatales (Washington, Chicago) entrasen en conflicto y pudiesen bloquear la normativa federal sobre armas, el Tribunal Supremo se ha pronunciado siempre respaldando totalmente el derecho a portar armas en los EE.UU.

Pese a esto, es inevitable que en cada ocasión que se produzca algún hecho desgraciado relacionado con éstas, como un tiroteo masivo, vuelve a cuestionarse lo pertinente o no de este derecho, que al mismo tiempo entraría en conflicto con que los ciudadanos puedan vivir sin miedo a ser asaltados por un desequilibrado armado que no haya pasado por unos controles necesarios.

Los datos son rotundos y nos hablan de la facilidad con la que se puede acceder a un arma en EE.UU.: existen más de un millón de armas registradas en el país pero realmente este es un número ínfimo en relación a la cifra real de armas que se encuentran en manos de los estadounidenses, que se calcula que sean más de 390 millones, lo que supone que el 48% de los 650 millones de armas que hay en todo el planeta en manos de civiles se encuentran en territorio norteamericano.

En un extremo del panorama estadounidense encontramos con la aplastante realidad de que más del 50% de los estados norteamericanos no tienen ningún tipo de ley específica que regule las licencias de armas y su posesión, mientras en el otro lado encontramos algunos estados que sí aplican un control, como en el caso de Hawaii, donde no se permite la tenencia de armas sin una licencia y además es obligatorio registrar dichas armas; otros estados también exigen permisos de compra y posesión pero no cuentan con un registro, como en Illinois, Massachusetts o New Jersey, o los estados de California o New York que requieren permiso de compra y tenencia de armas cortas.

No obstante tampoco podemos perder de vista que una de las organizaciones no gubernamentales más influyentes y destacadas de Estados Unidos es la NRA (Asociación Nacional del Rifle), cuyo poder económico, social y político es tan rotundo que ahonda en los cimientos del Estado, lo cual dificulta cualquier cuestionamiento sobre la tenencia de armas en manos de los ciudadanos.

En el lado contrario encontramos casos como el de Corea del Sur, donde la ley no garantiza el derecho a poseer armas a sus ciudadanos y castiga con hasta diez años de prisión por la posesión y uso de armas de fuego, lo que ha favorecido que en la última década las cifras de armas hayan descendido exponencialmente. Además existen programas de entrega voluntaria, incautación y destrucción de armas de fuego. Similar es el caso de Japón, donde es específica en la ley que no se permitirá a la población tener armas, salvo por actividades deportivas o para la caza y tras superar un complicado proceso para la obtención del permiso.

Para poder profundizar más en este aspecto, a través de la página web de GunPolicy, un proyecto de la Universidad de Sidney apoyado por las Naciones Unidas, se puede consultar todo tipo de informaciones sobre esta cuestión, desde el número de armas que circulan en cada país, qué políticas tiene al respecto cada Estado,  qué penas se aplican en relación a las armas, etc.

Aunque se trata de un debate en el que probablemente se puedan aportar diversidad de argumentos desde ambos puntos de vista, tal vez habría que preguntarse si realmente nuestras sociedades han demostrado ser lo suficientemente responsables como para empuñar un arma sin que esto resulte un peligro más que una solución y si es asumible el duro precio que paga la población y el Estado cuando se producen desagradables acontecimientos que implican un uso ilícito de las armas.

Al fin y al cabo en una sociedad plenamente desarrollada debe ser el Estado quien se encargue de garantizar la seguridad plena de sus ciudadanos y todo lo que se encuentre fuera de esto puede resultar más que una ayuda una amenaza para que éste garantice dicha seguridad a través de los instrumentos con los que éste cuenta y que están al servicio de la ciudadanía.

Autor: Almudena Sanjuán

 

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