Caza de brujas en la Guerra Fría: qué fue el macartismo y cómo acabó

Caza de brujas es la expresión con la que se conoce el periodo de persecución del comunismo real o supuesto en Estados Unidos durante la primera década de la Guerra Fría. El término se popularizó a partir de Las brujas de Salem, la obra que Arthur Miller estrenó en 1953 sobre los juicios de 1692 y que estaba escrita como alegoría de lo que ocurría mientras la escribía.

Cómo empezó

El punto de partida institucional fue la orden ejecutiva de 1947 que estableció un programa de verificación de lealtad para los empleados federales. El procedimiento permitía separar del cargo a quien resultara sospechoso de deslealtad sin que existiera acusación penal, y sin que el afectado pudiera conocer necesariamente la identidad de quien lo denunciaba.

El Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes, que existía desde 1938, se convirtió en el escenario principal. Sus audiencias sobre la industria del cine produjeron el episodio más conocido: diez guionistas y directores se negaron a responder si habían pertenecido al partido comunista, fueron condenados por desacato al Congreso y quedaron incluidos en una lista negra que los estudios aplicaron durante años sin reconocer nunca su existencia.

El senador que dio nombre al periodo

Joseph McCarthy, senador por Wisconsin, entró en escena en 1950 con la afirmación de que disponía de una lista de empleados del Departamento de Estado afiliados al comunismo. La cifra cambió en sucesivas intervenciones y nunca se acreditó ninguna versión.

Su influencia duró cuatro años y terminó cuando extendió las acusaciones al Ejército. Las audiencias de 1954 se retransmitieron por televisión, una novedad entonces, y expusieron su método ante una audiencia masiva. El Senado lo censuró formalmente ese mismo año y su carrera política se acabó.

Qué quedó del episodio

Las estimaciones sobre el alcance varían: miles de personas perdieron su empleo, varios centenares fueron encarceladas y un número mucho mayor sufrió consecuencias profesionales sin procedimiento formal alguno. Los tribunales fueron acotando progresivamente los procedimientos, y varias condenas por desacato se revirtieron en apelación.

La expresión se ha incorporado desde entonces al vocabulario político general, donde se usa para describir cualquier proceso en el que la acusación funciona como prueba y la negativa a colaborar se interpreta como confesión.

Las instituciones que lo sostuvieron

El episodio no dependió de un solo senador, y tampoco de los dos mecanismos ya descritos. La Ley de Seguridad Interna de 1950 añadió la obligación de registro para las organizaciones consideradas afines y creó una junta de control de actividades subversivas con capacidad para investigarlas. Los Estados legislaron por su cuenta y las universidades desarrollaron sus propios juramentos de lealtad, de modo que la exclusión podía producirse en una administración municipal o en un claustro sin intervención federal alguna.

El senador que dio nombre al periodo actuó desde 1950 y perdió posición en 1954, cuando las audiencias que enfrentaron a su subcomité con el Ejército se retransmitieron por televisión durante semanas y el Senado aprobó en diciembre una moción de censura contra él. La retirada del respaldo político no supuso el desmontaje inmediato del aparato: buena parte de las restricciones se fueron anulando por vía judicial a lo largo de los años cincuenta y sesenta, y la lista negra del cine no se rompió públicamente hasta 1960.

La cifra de condenas penales fue pequeña en comparación con el alcance del episodio, y ese contraste es lo que explica su nombre popular: el daño se produjo sobre todo por la vía administrativa y laboral, con despidos, retiradas de pasaporte y carreras interrumpidas que no requerían sentencia alguna.

Lo que dijeron los tribunales

El episodio no se cerró con un debate de opinión pública sino con una serie de sentencias, y su evolución explica por qué el macartismo pudo funcionar durante años dentro de la legalidad. La pieza legal de base era una ley de 1940 que penalizaba defender el derrocamiento violento del gobierno. En 1951 el Tribunal Supremo la aplicó para confirmar la condena de los dirigentes del Partido Comunista estadounidense, con el argumento de que la amenaza no tenía que ser inminente para ser punible si el peligro era suficientemente grave.

El giro llegó en 1957, en dos decisiones del mismo periodo. Una restringió el alcance de aquella ley al distinguir entre defender una idea en abstracto e incitar a una acción concreta, lo que dejó prácticamente sin uso las acusaciones basadas en pertenencia o en afinidad. La otra limitó la capacidad de las comisiones parlamentarias de investigación al establecer que un testigo tiene derecho a saber en qué asunto legislativo se enmarcan las preguntas, con lo que el interrogatorio genérico sobre convicciones dejó de ser un instrumento seguro.

De ahí se extrae la lección que la literatura sobre el periodo suele subrayar. Lo que frenó el episodio no fue la retirada de una figura política, sino la reconstrucción del límite entre lo que se piensa y lo que se hace. Mientras ese límite estuvo borrado, la maquinaria funcionó sin necesidad de romper ninguna norma.

Preguntas frecuentes