La guerra de Libia: por qué el país sigue partido en dos desde 2011

Libia tiene las mayores reservas probadas de petróleo de África, una población relativamente pequeña y una posición sobre el Mediterráneo central que la convierte en el punto de partida principal de la ruta migratoria más letal del mundo. También lleva más de una década sin una autoridad única sobre su territorio.

De la Yamahiriya al colapso

Muamar el Gadafi gobernó desde 1969 con un sistema que evitó deliberadamente construir instituciones estatales fuertes. Su Libro Verde proponía una «yamahiriya», un Estado de masas gobernado por comités populares, sin partidos y sin constitución.

En la práctica el poder era personal y se ejercía a través de redes tribales y unidades militares leales, mientras el ejército regular se mantenía débil precisamente para prevenir golpes. Esa arquitectura tuvo una consecuencia decisiva en 2011: cuando el régimen cayó, no quedó ninguna institución capaz de sustituirlo. No había ejército nacional, ni administración territorial, ni partidos, ni sociedad civil organizada.

La revuelta comenzó en febrero de 2011 en Bengasi. En marzo, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1973, que autorizó una zona de exclusión aérea y «todas las medidas necesarias» para proteger a la población civil. La OTAN condujo una campaña aérea que se prolongó siete meses y que en la práctica funcionó como apoyo a la ofensiva rebelde. Gadafi murió en octubre de 2011.

La forma en que se aplicó aquella resolución tuvo un efecto duradero en el Consejo de Seguridad: Rusia y China consideraron que el mandato de protección de civiles se había usado para un cambio de régimen, y esa desconfianza explica en buena medida su posición en expedientes posteriores, empezando por Siria.

La división

El primer intento institucional —el Congreso General Nacional elegido en 2012— se bloqueó por la disputa entre facciones islamistas y no islamistas. Las elecciones de 2014 produjeron una Cámara de Representantes cuyo resultado la parte perdedora no aceptó, y el país quedó con dos parlamentos y dos gobiernos.

Desde entonces el mapa se ha mantenido con variaciones: una administración en Trípoli, en el oeste, reconocida internacionalmente, y otra en el este, respaldada por el Ejército Nacional Libio de Jalifa Haftar, un antiguo oficial de Gadafi que rompió con él en los años ochenta y regresó al país en 2011.

Haftar lanzó en abril de 2019 una ofensiva sobre Trípoli que se prolongó catorce meses y fracasó. El factor decisivo fue la intervención turca en apoyo del gobierno occidental, con drones y asesores, frente al respaldo que Haftar recibía de Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Rusia (incluidos contratistas militares) y, en distintos momentos, Francia.

El alto el fuego de octubre de 2020 y el proceso político posterior produjeron un gobierno de unidad en 2021 con el mandato de celebrar elecciones en diciembre de aquel año. Las elecciones no se celebraron: la disputa sobre la base legal y sobre la elegibilidad de determinados candidatos las aplazó indefinidamente, y el país volvió a tener administraciones rivales.

El petróleo como palanca

El petróleo es a la vez el recurso del país y su principal instrumento de presión interna.

La producción y la exportación las gestiona la Corporación Nacional de Petróleo, con sede en Trípoli, y los ingresos se depositan en el Banco Central. Esa centralización significa que quien controla los campos y las terminales (mayoritariamente situados en el este y el sur, bajo influencia de Haftar) puede cortar el flujo, mientras que quien controla las instituciones financieras, en el oeste, administra el dinero.

El resultado son bloqueos recurrentes. En varias ocasiones, el cierre de terminales ha reducido la producción a una fracción de su capacidad durante meses, con pérdidas de miles de millones de dólares y con el objetivo explícito de forzar un reparto distinto de los ingresos.

Esa dinámica explica por qué ninguna de las partes tiene incentivo para una victoria total: el sistema actual permite a cada una extraer rentas del bloqueo o de la administración, y un Estado unificado repartiría ese poder.

La ruta migratoria

La costa libia es el principal punto de salida de la ruta del Mediterráneo central, la más letal registrada por la Organización Internacional para las Migraciones.

El colapso del control estatal creó una economía de tráfico de personas gestionada por milicias que en muchos casos son también las encargadas de contenerla. La Unión Europea e Italia financian y equipan a la guardia costera libia para interceptar embarcaciones, y los interceptados regresan a centros de detención donde agencias de Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos han documentado de forma sistemática tortura, extorsión, trabajo forzado y abusos sexuales.

Esa política plantea un problema jurídico reconocido: el principio de no devolución prohíbe retornar a personas a lugares donde corren riesgo de sufrir tratos inhumanos, y la cuestión de si la financiación de interceptaciones por terceros elude o vulnera esa obligación es objeto de litigio y de informes críticos reiterados.

Qué haría falta

El diagnóstico compartido por los distintos procesos de mediación es que el conflicto libio no se resuelve solo entre libios, porque cada facción depende de patrocinadores externos con intereses propios: bases, contratos de reconstrucción, acceso al petróleo y control de la ruta migratoria.

A eso se suman dos condiciones internas que ningún acuerdo ha alcanzado: unificar las fuerzas armadas (lo que exige que los comandantes renuncien a mandos que son su base de poder) y acordar un reparto de los ingresos petroleros que ninguna de las dos administraciones considere una derrota.

Mientras esas dos piezas falten, el statu quo seguirá siendo más rentable para los actores armados que cualquier acuerdo.

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