Cuba post-Castro. El lento camino hacia la transición

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Cuba post-Castro. El lento camino hacia la transición

Cuando Raúl Castro anunció su renuncia a continuar como presidente de Cuba, muchos pudieron llegar a entender este gesto como un paso más en la tímida pero incipiente transición que la isla estaba experimentando desde el fallecimiento de Fidel Castro en noviembre de 2016.

Nada más lejos de la realidad, pues esa desaparición del primer plano de la política del presidente cubano no fue parejo con su desvinculación del poder. El hermano del ‘comandante’ aún sigue operando y manejando los hilos del país en un plano alejado de los focos.

La elección de Miguel Díaz-Canel como sucesor de Raúl Castro por parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular el 19 de noviembre de 2018 significó más bien un cambio cosmético y “simbólico”, una sucesión acorde con la perpetuación del régimen. No obstante, Castro le presentó como una figura de “las nuevas generaciones” con la responsabilidad de “seguir construyendo el socialismo que asegura la independencia y soberanía nacional”.

Aunque Raúl Castro se haya apartado, aún se mantiene al mando de los dos órganos más importantes y poderosos del país: el Ejército, como comandante jefe de las Fuerzas Armadas -la cual controla “una gran parte” de la economía del país-; y el Partido Comunista, único partido legal y existente en la isla tras el triunfo de la Revolución, y del que él es el Secretario General.

Pero el castrismo va más allá del propio Raúl Castro. Es un amplio sistema que, desde funcionarios del Gobierno que componen parte de la vieja guardia de la revolución, hasta los descendientes y familiares del régimen, conforma un compacto y monolítico bloque difícil de romper. Alejandro Castro, hijo de Raúl, por ejemplo, es una figura clave del Ministerio del Interior.

RaulCastro
El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, presidiendo el plenario de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Julio 2016

De este modo, el margen de maniobra del que fuera ministro de Educación Superior y vicepresidente del país durante el mandato de Raúl Castro es más bien escaso, sobre todo teniendo en cuenta que fue el candidato escogido por Fidel y Raúl cuando este último dejara el mando. Una continuación del sistema castrista implementado desde el triunfo de la Revolución aun sin tener ni el apellido ni la sangre de sus predecesores.

Esa continuidad se refleja de manera más diáfana en el texto definitivo que salió de la reforma a la Constitución cubana (1976) el 24 de febrero de 2019. En ella, se sigue definiendo a Cuba como a un “Estado socialista de derecho a la justicia social”, en el que el Partido Comunista de carácter marxista-leninista sigue siendo el único partido vigente, legal y, por consiguiente, “la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”. Una mera descripción que denota sin ambages la nula disposición a renunciar a los postulados clásicos y definitorios del régimen cubano, nacido del mismo corazón de la Revolución.

Tras iniciar un proceso de reforma, análisis, debates, enmiendas y propuestas en torno a la reforma constitucional, la nueva Carta Magna se aprobó en diciembre de 2018 por la Asamblea Nacional.

Dos meses después, el 24 de febrero de 2019, el Gobierno somete el texto a un referéndum que cuenta con una alta participación (90´15%) y cuyo respaldo, pese a ser contundente en la votación (86´65%), por primera vez no fue unánime en la población, algo con lo que sí contó su predecesora (97´7%). Un 9% de la población votó en contra de la nueva Constitución, un 2´5% votó en blanco, y un 1´6% de las papeletas fueron nulas.

No obstante, algunos cuestionaron la fiabilidad del proceso electoral por partir en diferentes condiciones, con una “omnipresente” campaña por el Sí y una oposición a esta casi inexistente.

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Relaciones con EEUU: Seis décadas de confrontación y un deshielo fugaz

El debate en torno al rumbo que debe tomar el país ya empezó a surgir en 2008, el año del cambio de tornas en el sillón presidencial entre los hermanos Castro por la acusada enfermedad de Fidel, en el poder desde 1959.

Por un lado se encontraban los aperturistas, encabezados por Raúl Castro -hermano y sucesor-, y los inmovilistas fieles al régimen y a los ideales de la Revolución. Estos últimos basaron por aquel entonces su postulado en el riesgo que puede suponer para el sistema la aplicación de cualquier medida o política reformista.

Aún con la experiencia reciente del modelo de la extinta Unión Soviética, temían seriamente la desintegración del propio sistema político cubano si escogían el mismo sendero político y económico del antiguo bloque comunista. De este modo, se ha evitado hasta los últimos tres años hablar de una supuesta transición en la isla por las posibles consecuencias que pueda tener para el actual sistema político cubano. Temiendo la completa desintegración de éste y con los ideales revolucionarios cayendo en el olvido.

Así pues, el recelo que despertaba el término transición por aquel entonces en los dirigentes cubanos solo se entiende por la inquietud que generó en el Gobierno el denominado ‘Plan para la transición democrática en Cuba’ (2002), un proyecto impulsado por el expresidente George W. Bush con el cual pretendía ‘democratizar’ a su estilo el país caribeño, pero que para Fidel Castro no tenía otro sentido que el de intentar derrocarlo y “acabar con la revolución”.

Dicho plan, presentado dos años antes de la dimisión de Fidel Castro de la Presidencia (2006), establecía las bases para el “impulso del cambio de régimen” en Cuba tras la muerte del susodicho, y contaría con una ayuda de 63 millones de euros para su correcta implantación. Por ende, el informe advierte de que dicho cambio sólo se puede producir mediante “una transición, y no una sucesión” en el régimen, el cual debe desarrollarse dotando a la población de “más medios”, romper el “bloqueo informativo” del régimen, y aplicar una “estrategia diplomática” que frustre la sucesión en el poder.

En respuesta al plan de futuro que Bush tenía reservado para Cuba, la clase dirigente afianzó su posición firme y férrea incorporando en la Constitución el carácter “irrevocable” del socialismo y del sistema político y social revolucionario.

Diez años después de la presentación de este plan, y con la muerte de Fidel (2016), Cuba sigue impertérrita y sin visos de que se produzca un cambio significativo en el panorama político a corto plazo. Tan solo el tímido ‘deshielo’ en las relaciones diplomáticas con EEUU que ejecutó el expresidente Barack Obama durante su mandato abrió una pequeña grieta dentro del opaco régimen caribeño en su relación con el país norteamericano y, por consiguiente, con el exterior. La retirada de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo fue una muestra de ello.

Pero este acercamiento apenas tuvo mayor repercusión y no trajo consigo ese proceso democratizador que Bush buscaba en la isla, a pesar del convencimiento de Obama del “efecto transformador” que su política de acercamiento había tenido para Cuba tras décadas de políticas de enfrentamiento “fallidas”. “Cuba no va a cambiar de la noche a la mañana, pero, como vi durante mi visita a La Habana, los cubanos tienen nuevas esperanzas para el futuro, y estamos decididos a colaborar con ellos para crear más oportunidades y más prosperidad en toda la isla”, agregó, siendo consciente de la complejidad del proceso para el desarrollo de un cambio de régimen repentino en el Gobierno cubano.

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, las relaciones con Cuba se congelaron de nuevo y, al igual que Bush, Trump recuperó el deseo democratizador de Cuba para “beneficio” del pueblo caribeño por la vía de la confrontación contra el régimen, como ya hicieran otros presidentes estadounidenses, empleando una llamada a la “coherencia estadounidense que se ejerció durante la Guerra Fría”.

Inmediatamente, y aparte de revertir el legado de Obama en la isla, Trump restableció el embargo en la isla, prohibió los negocios con empresas vinculadas al régimen cubano, restringir los viajes y cancelar la legalización a inmigrantes nacidos en Estados Unidos. Todo ello, con el objetivo de lograr esa ansiado cambio democrático que tanto tiempo lleva esperando el gigante norteamericano. Así como la caída definitiva del régimen castrista

No obstante, la política de Trump se ha caracterizado por ser más agresiva en este sentido y, a través de la ley Helms – Burton, quiere busca tumbar rápidamente al Gobierno cubano mediante una “asfixia económica”. Esta estrategia se centra en, como hemos mencionado anteriormente, evitar que empresas relacionadas o directamente controladas por el régimen se sigan “beneficiando” de la apertura iniciada por Obama, frenar y revertir la inversión extranjera, los lazos comerciales y el flujo de remesas hacia la isla.

La vuelta de esta política de mano dura no ha sido recibida con entusiasmo. No solo por parte de los principales socios e inversionistas cubanos, sino también por los importantes socios de los norteamericanos, entre ellos fundamentalmente la Unión Europea y España, temerosos de que dichas medidas causen daños colaterales severos a sus intereses comerciales y económicos en Cuba.

Al igual que sucedió con el citado plan de Bush, el régimen cubano, durante las celebraciones por el 60 aniversario de la Revolución, volvió a mostrarse a la defensiva con Washington, al que acusó de propiciar un plan para derribarlo mediante las medidas que hemos citado, regresando a la vieja actitud de escalada verbal bélica que parecía haber desaparecido -o al menos relajado- durante el mandato de Obama.

Panorama económico y social

Pocos fueron los cubanos que creyeron en la posibilidad de un cambio real una vez que Díaz- Canel salió elegido como sucesor de Raúl Castro. Aun sin ser parte de la generación “histórica” y folklore de la Revolución, sí que ha forjado un perfil ideológico en base a las ideas comunistas promulgadas por los Castro y, según Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida, ” se ha afincado en su lealtad al sistema político que le  nombró”. De hecho, Díaz-Canel fue el que lideró la campaña por el sí en el país.

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Es por lo tanto que, al ser ratificado como sucesor de Castro en la Asamblea Popular, el eje ideológico en las políticas continuistas del régimen cubano se mantenga. No obstante, y según apunta Bert Hoffman, los cambios que se han producido tanto en la isla como en el resto del mundo han sido tantos que en la era post-Castro “continuidad” no equivale a “seguir haciendo lo mismo”, y esa idea queda plasmada, por ejemplo, en la elección de un hombre como Díaz-Canel como sucesor de Castro, queriendo transmitir a la población que “la movilidad ascendente” es posible en el Partido Comunista y el Gobierno.

Estos cambios se aprecian también en algunos de los artículos de la nueva Constitución, en la que, por primera vez, se recoge la importancia de defender los derechos humanos -aunque en la práctica organismos independientes como Amnistía Internacional o Human Rights Watchs lo desmienten rotundamente-, se reconoce el mercado, la propiedad privada y la inversión extranjera sin desprenderse del ideal socialista y “antiimperialista” del país.

Y es que al menos un 13% de los trabajadores cubanos (591.000) trabajan en el sector privado, resultado de una serie de reformas que Raúl Castro catalogó como “estructurales y de conceptos” que permitiera una mejora en el modelo social y económico cubano.

Con el nombre de Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, Castro inició ese programa reformista que diera respuesta a los principales retos y necesidades de la sociedad cubana en mitad de una aguda crisis económica auspiciada por la combinación de varios factores como la crisis económica venezolana -su principal proveedor de petróleo-, la falta de liquidez financiera, el embargo estadounidense, los daños provocados por los huracanes y la falta de inversión extranjera.

Tal y como apunta Carmelo Mesa-Lago, catedrático de economía de la Universidad de Pittsburgh, las políticas desarrolladas por Castro no pretendían en ningún momento cambiar el modelo económico “vigente”, sino que esas reformas ratificadas en el Congreso perseguían una “actualización” de este de forma “gradual y programada”. Con lo cual, sigue prevaleciendo primordialmente la propiedad estatal de las empresas por encima del sector privado, pero se vislumbra de forma tímida una pequeña modulación económica al acoger las ideas del mercado y la gestión privada. Una actualización “modesta” a su parecer.

Entre las medidas recogidas en este programa destacan las siguientes:

La descentralización de las empresas estatales y fomento de la iniciativa privada, otorgándole un mayor peso a esta última; la agilización de los despidos con el fin de “reducir gastos”; la distribución de tierras desaprovechadas, propiedad del Estado, al campesinado y cooperativas agrícolas (usufructo) para aumentar la producción y reducir las importaciones; la compra-venta de viviendas y automóviles -prohibida desde 1960-; o la ley de inversión extranjera, mediante la cual se establecieron “beneficios y exenciones fiscales y tributarias” para el capital extranjero.

Asimismo, se abrió la posibilidad de que empresas extranjeras operasen en sectores económicos “de interés” para el Gobierno, una ley a la que los principales valedores catalogaron como “un pilar”, y no un “complemento” para el desarrollo del país. La demora en la aprobación de los proyectos, las trabas burocráticas, y la dificultad por contratar al personal han destapado, no obstante, las lagunas que posee dicha ley a raíz de las quejas de inversionistas extranjeros deseosos de poder empezar a hacer negocios en la isla.

A la hora de evaluar el impacto que han tenido estas modificaciones en el entorno cubano y su sociedad, la socióloga cubana Mayra Espina lamentó la falta de “políticas públicas” dentro de ese programa de actualización de la economía cubana, y que se haya implementado de una manera “universal, centralista” y jerárquica, sin fomentar el “empoderamiento” de los ciudadanos y sin tener en cuenta el tema social para mitigar los efectos de la pobreza y la desigualdad en el país.

El legado de la reforma económica impulsada por Castro hace dos años ha dibujado, a la vista de algunos, una Cuba de “dos velocidades” en la que, después de años de férreo comunismo e igualdad de condiciones promocionado por el modelo socialista, no todos se vieron favorecidos por esta política económica, la cual ha generado “resentimiento” entre una parte de la población.

Las cifras desveladas por el Observatorio De los Derechos Sociales en Cuba en su informe ‘Estado de los Derechos Sociales en Cuba’, desnudó esta realidad.

El 55´4% de la población ingresa menos de 100 dólares (89 euros) al mes en un país donde el salario mínimo apenas llega a los 16 dólares (14 euros), tan solo el 11% considera “suficiente” el dinero que percibe para “vivir dignamente”, el 70%  no cuenta con un “suministro permanente” de agua, y el 80% no puede acceder al suministro eléctrico, entre otros datos. Esta desigualdad existente, según indica el exdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana en la Universidad de La Habana, Omar Everleny, radica en su mayor parte en bajos salarios, un bajo nivel de poder adquisitivo, y en una mala oferta de bienes y servicios.

La llegada de la pandemia de coronavirus, con 5.883 infectados y 123 decesos en la isla, ha supuesto un varapalo para la continuidad de los planes y reformas bajo el mandato de Díaz-Canel. Una vez reabierto el país tras más de dos meses de confinamiento, el mandatario cubano aún tiene que lidiar con la crisis sanitaria ante la posibilidad de rebrotes, así como a las drásticas consecuencias sociales y económicas que puedan causar en la isla, donde el sector turístico ha sufrido un duro golpe.

Puede que esa sea realmente la verdadera transición hacia el progreso que necesita en estos momentos Cuba.

Autor: Miguel Rivas. Graduado en Periodismo por la Universidad de Málaga. Máster en Periodismo Internacional por la Universidad Blanquerna – Ramon Llull (Barcelona). Pasión por la política internacional, interés en Asia-Pacífico.

 

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