Cuando el Estado bloquea internet: cómo se ejecutan los apagones

Los cortes deliberados de internet dejaron de ser excepcionales. Las organizaciones que los documentan —la coalición #KeepItOn de Access Now es la referencia habitual— registran cientos de episodios al año repartidos por decenas de países, con una tendencia al alza desde que empezaron a medirse.

La justificación oficial es casi siempre la misma: seguridad pública, prevención de desórdenes o freno a la desinformación. La coincidencia temporal es también casi siempre la misma: elecciones, protestas, operaciones militares y, en algunos países, exámenes nacionales.

Cómo se ejecutan

Hay cuatro niveles técnicos, de menor a mayor alcance.

Bloqueo de plataformas. Se impide el acceso a servicios concretos (redes sociales, mensajería) mediante filtrado por dominio o por dirección. Es la medida más frecuente y la más fácil de eludir con redes privadas virtuales.

Estrangulamiento del ancho de banda. En lugar de cortar, se degrada la conexión hasta hacer inviable el vídeo o la carga de imágenes. Tiene una ventaja para quien lo aplica: es difícil de distinguir de un fallo técnico y por tanto más difícil de denunciar.

Corte móvil regional. Se ordena a los operadores suspender el servicio de datos en una zona. Es el método más utilizado porque en muchos países el acceso es mayoritariamente móvil y porque permite acotar geográficamente.

Apagón nacional. El corte completo, que requiere actuar sobre los puntos de intercambio o sobre las pasarelas internacionales. Es técnicamente sencillo donde la infraestructura está concentrada en pocas manos, y prácticamente inviable donde hay muchos operadores con conexiones internacionales propias.

Ese último punto explica la geografía del fenómeno: la facilidad de apagar la red es inversamente proporcional a la descentralización de su infraestructura.

Quién los aplica

India encabeza sistemáticamente los recuentos anuales por número de episodios, con una particularidad: son cortes regionales ordenados por autoridades estatales o de distrito, no apagones nacionales, y se concentran de forma muy desigual en determinados territorios. El de Jammu y Cachemira tras la revocación del artículo 370 en 2019 fue uno de los más prolongados registrados en una democracia.

Irán aplicó un apagón casi total durante las protestas de noviembre de 2019 y restricciones amplias en las de 2022. Etiopía cortó el acceso en Tigray durante el conflicto, durante periodos que se contaron en años en algunas zonas. Myanmar lo hizo tras el golpe de 2021. Y varios países africanos y de Asia central lo han aplicado en periodos electorales.

Un uso llamativo por su banalidad es el de los exámenes: Irak, Argelia, Siria y otros han cortado el acceso nacional durante las pruebas de acceso a la universidad para impedir filtraciones, con un coste económico enorme para el problema que resuelven.

Qué cuestan

El coste económico se estima habitualmente a partir del PIB diario del sector afectado, y las cifras agregadas anuales que publican consultoras especializadas se cuentan en miles de millones de dólares. La metodología es discutible, pero el orden de magnitud no.

El coste recae de forma muy desigual. Un apagón afecta poco a una gran empresa con líneas dedicadas y mucho a un vendedor que cobra por móvil, a un conductor de plataforma o a un pequeño comercio. En economías con alta penetración del pago digital, un corte de días paraliza la actividad cotidiana.

Hay además un coste no económico documentado por organizaciones sanitarias y de derechos humanos: interrupción de servicios de emergencia, imposibilidad de contactar con familiares durante una crisis y desaparición del registro de lo que ocurre. Ese último punto es central: los cortes suelen coincidir con periodos en los que hay actuaciones que documentar, y su efecto principal no es impedir la coordinación, que se reorganiza, sino impedir el testimonio.

Qué dice el derecho internacional

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aprobado resoluciones que condenan expresamente las medidas para impedir o perturbar el acceso a internet y afirman que los derechos vigentes fuera de línea también se aplican en línea.

Esas resoluciones no son vinculantes. El marco aplicable es el del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que admite restricciones a la libertad de expresión solo si están previstas en la ley, persiguen un fin legítimo y son necesarias y proporcionadas. Un apagón general rara vez supera la prueba de proporcionalidad, porque afecta indiscriminadamente a toda la población para responder a la conducta de una parte.

La dificultad práctica es que la ejecución recae en operadores privados, con frecuencia sujetos a licencias que el propio Estado concede. Las empresas se encuentran entre una orden nacional y sus compromisos internacionales sobre derechos humanos, y los principios sectoriales existentes (transparencia sobre las órdenes recibidas, exigencia de base legal) tienen un cumplimiento desigual.

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