La geopolítica de las multinacionales: el poder sin territorio

La comparación entre los ingresos de una gran empresa y el PIB de un país circula con frecuencia y es metodológicamente defectuosa: los ingresos miden facturación y el PIB mide valor añadido, de modo que la comparación infla sistemáticamente el tamaño relativo de la empresa.

Pero el error de la métrica no invalida la observación de fondo. Las mayores multinacionales disponen de recursos, alcance y capacidad de decisión que exceden los de la mayoría de los Estados, y ejercen una influencia sobre el orden internacional que la teoría clásica de las relaciones internacionales, centrada en Estados, no captó bien.

La cuestión relevante no es si son más grandes que un país, sino qué tipo de poder ejercen, que es distinto del estatal.

Cuatro formas de poder empresarial

Fijar estándares. Cuando una empresa controla una parte suficiente de un mercado, sus decisiones técnicas se convierten en normas de facto para todos los demás. Los sistemas operativos móviles determinan qué puede hacer una aplicación; las plataformas de pago definen qué transacciones son posibles; los formatos de datos condicionan la interoperabilidad de sectores enteros. Ese poder no requiere ninguna ley y es más difícil de revertir que una regulación.

Elegir jurisdicción. La movilidad del capital y de la propiedad intelectual permite localizar beneficios donde la tributación es menor, con independencia de dónde se genere el valor. Esa capacidad genera competencia fiscal entre Estados. El acuerdo alcanzado en el marco de la OCDE en 2021 para un tipo mínimo global del 15 %, respaldado por más de 130 jurisdicciones, es el primer intento serio de limitarla, y su aplicación avanza de forma desigual.

Demandar a los Estados. Los tratados de inversión incluyen mecanismos de arbitraje inversor-Estado que permiten a una empresa extranjera reclamar ante un tribunal arbitral internacional cuando una decisión regulatoria perjudica su inversión. Se han presentado reclamaciones contra medidas de salud pública, ambientales y de reversión de privatizaciones. El sistema es objeto de crítica sostenida (los Estados pueden ser demandados pero no demandar, y los laudos son de difícil apelación) y varios países han denunciado sus tratados.

Controlar infraestructura crítica. Los cables submarinos por los que circula prácticamente todo el tráfico de internet, los servicios de computación en la nube que alojan servicios públicos, las constelaciones de satélites de comunicaciones y las cadenas de suministro de semiconductores están mayoritariamente en manos privadas. En una crisis, la decisión de una empresa sobre a quién presta servicio tiene consecuencias que antes solo tenían las decisiones estatales.

Los límites

Ese poder tiene fronteras reales que conviene no perder de vista.

La primera es que ninguna empresa tiene monopolio de la fuerza ni jurisdicción propia. Opera dentro de ordenamientos jurídicos que no controla, y un Estado decidido puede expropiarla, prohibirla o excluirla de su mercado. Los casos de nacionalización de recursos naturales y las prohibiciones de plataformas concretas en distintos países lo demuestran con regularidad.

La segunda es el tamaño del mercado. La influencia empresarial es inversamente proporcional al poder del Estado con el que negocia: una multinacional impone condiciones a un país pequeño y las acepta cuando negocia con la Unión Europea, China o Estados Unidos. El efecto Bruselas —la extensión global de la regulación europea porque cumplirla en todos los mercados es más barato que mantener dos sistemas— es la prueba de que un regulador suficientemente grande sigue mandando.

La tercera es que las empresas compiten entre sí. No forman un bloque con intereses comunes, y buena parte de la regulación efectiva ha llegado impulsada por unas compañías contra otras.

La dimensión geopolítica reciente

Lo que sí ha cambiado en los últimos años es que las empresas han dejado de poder mantenerse al margen de la rivalidad entre potencias.

Los controles a la exportación de semiconductores obligan a fabricantes y diseñadores a elegir qué mercados atienden. Las sanciones financieras convierten a los bancos en agentes de política exterior, con responsabilidad legal si las incumplen. Las decisiones de una empresa de comunicaciones por satélite sobre cobertura en zona de guerra han tenido efecto operativo directo en un conflicto.

Esa situación produce una figura nueva: la empresa cuya decisión comercial es indistinguible de una decisión estratégica, sin el marco de rendición de cuentas que se exige a un gobierno. Es probablemente el problema de gobernanza más difícil que plantea el asunto, y no tiene todavía una respuesta institucional clara.

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