Narcoestados: qué significa el término y por qué se aplica mal

El término narcoestado se emplea con una frecuencia que no se corresponde con su precisión. Se aplica a países con altos índices de violencia asociada al tráfico de drogas, a países de tránsito, a países productores y, con bastante frecuencia, como descalificación política sin contenido analítico.

Conviene separar dos cosas que la etiqueta confunde. La existencia de narcotráfico en un territorio dice poco sobre el Estado que lo administra. Lo que define un narcoestado no es el volumen del negocio sino la relación entre ese negocio y las instituciones: si el Estado lo persigue, si lo tolera a cambio de rentas o si directamente participa en él.

Una definición operativa

La literatura sobre crimen organizado suele distinguir tres grados.

Estado con presencia de narcotráfico. Existe producción, tránsito o consumo relevantes, y las instituciones los combaten con más o menos eficacia. Hay corrupción en algunos puntos de la cadena (aduanas, policía local, jueces concretos), pero el aparato estatal como tal mantiene su orientación. Es la situación de la mayoría de los países implicados en el negocio.

Estado capturado en zonas o funciones. Determinadas regiones o determinadas instituciones operan bajo control efectivo de organizaciones criminales, mientras el resto del Estado funciona con normalidad. La captura es parcial y geográfica o sectorial.

Narcoestado en sentido estricto. El aparato estatal, o su cúpula, participa en el negocio como actor: no lo tolera a cambio de sobornos, lo organiza. Las instituciones de seguridad protegen las rutas, los organismos financieros facilitan el blanqueo y la política exterior se orienta a preservar la operación.

Solo el tercer grado justifica el término. La mayoría de los países a los que se aplica están en el primero o, en el peor de los casos, en el segundo.

Los casos que sí encajan

El ejemplo canónico es el golpe de los cocaínas en Bolivia, en julio de 1980. El general Luis García Meza tomó el poder con apoyo directo de traficantes de cocaína y colocó a operadores del negocio en puestos de gobierno; el ministro del Interior, Luis Arce Gómez, fue posteriormente condenado en Estados Unidos por narcotráfico. El régimen duró poco más de un año y es el caso más citado precisamente porque la relación fue explícita.

Guinea-Bissau es el caso africano de referencia. A partir de mediados de los años 2000, la cocaína sudamericana con destino a Europa empezó a transitar por África occidental, y este país reunía las condiciones ideales: costa con un archipiélago de decenas de islas, instituciones débiles y un ejército con peso político desproporcionado. Oficiales de alto rango fueron señalados por agencias estadounidenses como traficantes; el jefe de la Armada llegó a ser designado como capo por el Tesoro de Estados Unidos en 2010. Naciones Unidas y varios analistas lo describieron como el primer narcoestado africano.

Corea del Norte representa una variante distinta: la producción y el tráfico organizados directamente por organismos estatales como fuente de divisas, junto con la falsificación de moneda y de tabaco, documentada en investigaciones de las décadas de 1990 y 2000.

Los casos que se etiquetan mal

México es el ejemplo más frecuente de aplicación imprecisa. Tiene organizaciones criminales de enorme capacidad, niveles de violencia elevadísimos y corrupción documentada en cuerpos de seguridad y en la política, incluida la condena en Estados Unidos de un antiguo secretario de Seguridad Pública. Pero el Estado mexicano no es un instrumento del negocio: hay extradiciones, capturas, operativos y una fricción real entre instituciones y organizaciones. Es un caso de captura parcial, grave y extendida, no de narcoestado en sentido estricto.

Colombia se etiquetó así durante los años del Cartel de Medellín. La caracterización ignora que fue precisamente el Estado colombiano quien libró —con enorme coste— la guerra que desarticuló los grandes carteles.

Países Bajos ha recibido la etiqueta en su propio debate público, a raíz de los asesinatos de un periodista y un abogado vinculados a un proceso judicial contra una organización criminal, y del papel del puerto de Róterdam como principal punto de entrada de cocaína en Europa. Es un uso retórico destinado a forzar una respuesta política, no una descripción institucional.

El patrón es reconocible: la etiqueta se aplica más por la visibilidad de la violencia que por la naturaleza de la relación entre el crimen y el Estado.

Por qué la distinción importa

No es una discusión terminológica. De cómo se caracterice un país depende qué política se le aplica.

Si un Estado está capturado parcialmente, la respuesta lógica es reforzar las instituciones que aún funcionan: depurar cuerpos concretos, proteger a jueces y periodistas, mejorar la capacidad de investigación financiera. Si un Estado es un narcoestado en sentido estricto, esa vía no tiene sentido, porque el interlocutor con el que se cooperaría es parte del problema.

Aplicar la etiqueta fuerte a un caso débil produce dos efectos negativos: deslegitima a los funcionarios que sí combaten el negocio y justifica políticas de aislamiento o intervención que agravan la debilidad institucional que originó el problema.

La dinámica del desplazamiento

Un rasgo que la etiqueta oculta es que la geografía del narcotráfico no es estable: se desplaza en respuesta a la presión.

El cierre de la ruta caribeña hacia Florida en los años ochenta desvió el tráfico hacia México, y con él el poder de las organizaciones que lo controlaban. La presión posterior en México y el debilitamiento de los grandes carteles fragmentó el negocio en organizaciones más pequeñas y, en muchos casos, más violentas. El endurecimiento del control en el Caribe abrió la ruta de África occidental. La demanda europea creciente convirtió a Ecuador, hasta entonces relativamente al margen, en un punto de salida principal y disparó su tasa de homicidios en pocos años.

Ese patrón (el efecto globo: la presión en un punto desplaza el volumen a otro) es una de las conclusiones más consistentes de cuatro décadas de política antidrogas, y explica por qué el mapa de países señalados cambia con regularidad mientras el volumen global del negocio se mantiene.

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