Francia y el islam: la laicidad, las banlieues y el separatismo

Francia tiene la mayor población musulmana de Europa occidental (las estimaciones la sitúan entre el 8 y el 10 % del total, con la advertencia de que la ley francesa prohíbe recoger datos oficiales de religión o etnia en el censo) y el modelo de relación entre Estado y religión más estricto del continente.

Esa combinación es el origen de un conflicto que reaparece con regularidad y que se entiende mal si se lee solo en clave religiosa.

Qué es la laicidad francesa

La ley de separación de las Iglesias y el Estado de 1905 no fue concebida contra el islam sino contra el poder de la Iglesia católica, tras un siglo de disputa que atravesó la Tercera República.

Su contenido es doble: el Estado no reconoce ni subvenciona ningún culto, y garantiza la libertad de conciencia. Su lógica es distinta de la del modelo anglosajón: donde este protege a la religión frente al Estado, la laicidad francesa protege al espacio público frente a la religión.

Esa diferencia explica reacciones que desde fuera resultan desconcertantes. Cuando Francia prohíbe un símbolo religioso en la escuela pública, no está tratando al islam de forma singular en el diseño de la norma (la ley de 2004 prohíbe los símbolos religiosos ostensibles, incluidas la kipá y las cruces de gran tamaño), aunque su aplicación afecte de forma desproporcionada a las alumnas musulmanas.

De dónde viene la población musulmana

El origen es colonial y laboral. Argelia fue departamento francés hasta 1962, no colonia, y esa condición jurídica singular explica la intensidad de la relación posterior. Marruecos y Túnez fueron protectorados.

Durante los treinta años de crecimiento posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Francia reclutó activamente mano de obra magrebí para la industria y la construcción. Se les alojó en los grandes conjuntos residenciales construidos en la periferia de las ciudades —las banlieues—, concebidos entonces como vivienda moderna y no como espacio de marginación.

La transición ocurrió con la desindustrialización. Las fábricas que justificaban esa localización cerraron, el transporte hacia los centros urbanos siguió siendo deficiente y esos barrios quedaron con desempleo alto, servicios públicos degradados y una población de segunda y tercera generación con ciudadanía francesa y con expectativas, legítimamente, francesas.

Los estudios de discriminación en el acceso al empleo mediante envío de currículos idénticos con nombres distintos documentan de forma consistente una penalización significativa por origen magrebí, y son la evidencia más citada en ese debate.

Los episodios recurrentes

1989: el primer caso del velo en un instituto de Creil abrió una discusión que aún no se ha cerrado.

2004: la ley que prohíbe los símbolos religiosos ostensibles en la escuela pública.

2005: tres semanas de disturbios en las banlieues tras la muerte de dos adolescentes que huían de un control policial. El detonante fue policial y el fondo, social: los análisis posteriores no encontraron un componente religioso significativo en la movilización.

2010: la prohibición de cubrirse el rostro en el espacio público, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló en 2014 con un argumento discutido: el de la convivencia.

2015: los atentados de Charlie Hebdo y de noviembre reconfiguraron todo el debate y fueron seguidos de un estado de emergencia prolongado cuyas medidas se incorporaron después a la legislación ordinaria.

2021: la llamada ley del separatismo (oficialmente de refuerzo de los principios republicanos) amplió el control sobre la financiación de asociaciones y lugares de culto, restringió la educación en casa y endureció los requisitos para las escuelas privadas fuera de contrato.

Los dos diagnósticos

El debate francés se organiza en torno a dos lecturas que compiten y que rara vez dialogan.

La primera sostiene que existe un proyecto ideológico, islamismo político, que busca sustraer a una parte de la población de las normas comunes, y que la respuesta debe ser reafirmar la laicidad y actuar sobre las estructuras que lo promueven.

La segunda sostiene que el problema es de discriminación y de desigualdad territorial: la radicalización aparece donde hay desempleo, segregación escolar y ausencia de perspectivas, y las medidas de control agravan el aislamiento que dicen combatir.

Los datos disponibles dan apoyo parcial a ambas y no resuelven la disputa, porque miden cosas distintas: la existencia de redes ideológicas está documentada, y la penalización por origen en el empleo y la vivienda también.

Lo que sí muestran los estudios de opinión es un dato que ninguna de las dos lecturas suele destacar: la mayoría de los musulmanes franceses declara identificarse con la República y con sus instituciones en proporciones altas, y el segmento que se distancia es minoritario y concentrado en los territorios con peores indicadores socioeconómicos.

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