Diego García: el atolón militar del Índico y el acuerdo de 2024

Diego García es un atolón de coral con forma de herradura situado en mitad del océano Índico, a unos 1.800 kilómetros al sur de la India y más de 3.500 de la costa africana. Su superficie emergida apenas supera los 30 kilómetros cuadrados y no tiene población civil.

Esa combinación —posición central en un océano estratégico y ausencia de habitantes— no es natural. Es el resultado de una decisión política tomada hace más de medio siglo.

Cómo se vació el atolón

El archipiélago de Chagos, al que pertenece Diego García, formaba parte de la colonia británica de Mauricio. En 1965, tres años antes de conceder la independencia a Mauricio, el Reino Unido segregó el archipiélago y creó con él una entidad administrativa nueva: el Territorio Británico del Océano Índico.

El propósito era conocido y quedó documentado: ceder Diego García a Estados Unidos para instalar una base militar. El acuerdo entre ambos gobiernos se firmó en 1966 con una duración inicial de cincuenta años, prorrogable.

Entre 1968 y 1973, la población chagosiana (unas 1.500 a 2.000 personas, descendientes de trabajadores traídos siglos antes) fue trasladada por la fuerza a Mauricio y Seychelles. La documentación desclasificada muestra que la administración británica describió deliberadamente a esos habitantes como población flotante para evitar las obligaciones que Naciones Unidas impone respecto a los pueblos de territorios no autónomos.

Los desplazados recibieron compensaciones tardías e insuficientes y se establecieron en condiciones precarias. Sus descendientes han litigado durante décadas por el derecho de retorno, con éxitos parciales en tribunales británicos revertidos después por decisiones del ejecutivo.

Por qué la base importa tanto

Diego García se convirtió en una de las instalaciones militares estadounidenses más importantes fuera de su territorio. Su valor procede de la geografía: está lo bastante cerca de Oriente Medio, África oriental y el sur de Asia como para operar en las tres regiones, y lo bastante lejos de cualquier costa como para ser prácticamente invulnerable a ataques convencionales.

Dispone de una pista capaz de operar bombarderos estratégicos y de un fondeadero profundo donde se mantienen buques de aprovisionamiento previamente cargados, lo que permite desplegar material en el golfo Pérsico en días en lugar de semanas.

Se utilizó en las dos guerras del Golfo, en la campaña de Afganistán y en operaciones posteriores. También figuró en las investigaciones sobre el programa de entregas extraordinarias de la CIA, después de que el gobierno británico reconociera en 2008 que dos vuelos con detenidos habían repostado allí, contradiciendo negativas anteriores.

La disputa jurídica

Mauricio sostuvo desde su independencia que la segregación del archipiélago fue ilegal, por haberse producido antes de la descolonización y bajo presión, en contra de la resolución 1514 de la Asamblea General, que prohíbe desmembrar territorios coloniales antes de concederles la independencia.

La cuestión llegó a la Corte Internacional de Justicia, que emitió en febrero de 2019 una opinión consultiva concluyendo que la descolonización de Mauricio no se había completado legalmente y que el Reino Unido debía poner fin a su administración del archipiélago a la mayor brevedad. La Asamblea General respaldó esa conclusión con una amplia mayoría.

Las opiniones consultivas no son vinculantes, y Londres mantuvo su posición durante varios años más.

El acuerdo de 2024

En octubre de 2024, el Reino Unido y Mauricio anunciaron un acuerdo: la soberanía del archipiélago de Chagos pasa a Mauricio, y el Reino Unido conserva Diego García en arrendamiento durante un periodo inicial de 99 años para garantizar la continuidad de la base.

El acuerdo prevé además apoyo financiero a Mauricio y un programa de reasentamiento en las islas del archipiélago distintas de Diego García. Estados Unidos lo respaldó, al asegurar la permanencia operativa de la instalación.

La recepción entre los chagosianos ha sido dividida. Una parte lo considera un avance histórico; otra objeta que la negociación se desarrolló entre Londres y Port Louis sin representación propia, y que Diego García (de donde procede la mayoría de los desplazados) queda excluida del retorno durante un siglo más.

Lo que el caso ilustra

Diego García condensa tres cuestiones que suelen tratarse por separado.

La primera es que la descolonización no fue un proceso limpio: dejó territorios segregados, poblaciones desplazadas y soberanías pendientes que siguen produciendo litigios sesenta años después.

La segunda es que la geografía militar tiene su propia lógica. Un atolón sin recursos ni población adquiere un valor estratégico enorme por estar donde está, y ese valor determina el trato que recibe.

La tercera es el límite del derecho internacional. Una opinión de la Corte Internacional de Justicia y una resolución de la Asamblea General tardaron cinco años en traducirse en un cambio, y solo cuando el Estado afectado calculó que podía preservar lo que realmente le importaba.

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