Duterte en Filipinas: la guerra contra las drogas y el caso de la CPI

Rodrigo Duterte gobernó Filipinas entre 2016 y 2022 tras dos décadas como alcalde de Davao, la mayor ciudad del sur del país. Llegó a la presidencia con una promesa central y explícita: acabar con el narcotráfico por métodos expeditivos, formulada durante la campaña sin eufemismos.

Su mandato es relevante más allá del caso filipino por tres razones: la escala de la campaña antidroga, el primer proceso de la Corte Penal Internacional contra un jefe de Estado asiático en ejercicio o reciente, y un intento de realineamiento geopolítico que después se revirtió.

La guerra contra las drogas

La campaña comenzó pocos días después de la toma de posesión. Su instrumento fue la operación policial con resultado de muerte, justificada de forma sistemática como respuesta a una resistencia armada del sospechoso, y en paralelo una oleada de asesinatos atribuidos a autores no identificados.

Las cifras difieren enormemente según la fuente y esa discrepancia es en sí misma parte del expediente. El recuento oficial de la policía filipina sitúa las muertes en operaciones en el entorno de las 6.000. Organizaciones de derechos humanos y la propia Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas han manejado estimaciones que, incluyendo los asesinatos por autores no identificados, van de 12.000 a más de 30.000.

Los estudios sobre el perfil de las víctimas coinciden en un punto: la abrumadora mayoría eran consumidores o vendedores de calle de barrios pobres urbanos, no dirigentes de organizaciones criminales. La campaña se concentró en el extremo más visible y menos relevante de la cadena.

Su respaldo interno fue alto durante buena parte del mandato, un dato que la cobertura internacional a veces omite y que forma parte del fenómeno: la promesa de orden tuvo demanda real en un país con problemas de seguridad y desconfianza hacia las instituciones judiciales.

El proceso ante la Corte Penal Internacional

La Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar en 2018. Filipinas respondió retirándose del Estatuto de Roma, con efecto en marzo de 2019.

La retirada no cerró el asunto, y la razón es jurídicamente relevante: el Estatuto establece que la Corte conserva competencia sobre los hechos ocurridos mientras el Estado era parte. La investigación formal se autorizó en 2021, se suspendió a petición de Manila —que alegó estar investigando internamente— y se reanudó en 2023 cuando la Sala de Cuestiones Preliminares concluyó que las actuaciones nacionales no eran genuinas.

El caso ilustra el funcionamiento del principio de complementariedad: la Corte solo actúa cuando el Estado no puede o no quiere investigar, y la evaluación de si una investigación nacional es real corresponde a la propia Corte.

El giro hacia China y su reversión

En política exterior, Duterte anunció en 2016 una «separación» de Estados Unidos y un acercamiento a Pekín, con la expectativa de inversión en infraestructura a cambio de moderar la disputa marítima.

El contexto hacía el giro llamativo. Filipinas acababa de ganar, en julio de 2016, el laudo del tribunal arbitral constituido bajo la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que declaró sin fundamento jurídico la llamada línea de nueve trazos con la que China reclama la práctica totalidad del mar de China Meridional. Duterte optó por no invocar ese laudo, que China no reconoce, y buscar un acuerdo bilateral.

El resultado fue decepcionante para Manila. Buena parte de la inversión prometida no se materializó y la presión china sobre los caladeros y los arrecifes en disputa continuó. Duterte llegó a invocar públicamente el laudo en Naciones Unidas en 2020, un reconocimiento implícito del fracaso de la estrategia.

Su sucesor, Ferdinand Marcos Jr., revirtió el giro desde 2022: amplió el acceso estadounidense a bases filipinas bajo el acuerdo de cooperación de defensa, reforzó la relación con Japón y Australia y adoptó una política de publicidad sistemática de los incidentes con guardacostas chinos en torno a los arrecifes disputados, con difusión de vídeo e invitación a periodistas a bordo.

Esa estrategia de transparencia deliberada es la novedad del expediente: convierte cada incidente en un asunto de opinión pública internacional en lugar de gestionarlo por vía diplomática reservada.

Lo que el caso deja

Tres conclusiones se extraen con frecuencia.

La primera es que una campaña de mano dura contra el narcotráfico puede tener respaldo popular sostenido y, a la vez, no alterar la estructura del negocio: los estudios disponibles no encuentran una reducción duradera de la oferta.

La segunda es que retirarse de un tribunal internacional no borra la competencia sobre hechos anteriores, un precedente que interesa más allá de Filipinas.

La tercera es que un realineamiento geopolítico basado en la expectativa de inversión resulta frágil si esa inversión no llega, y que la política exterior de un Estado con una disputa territorial abierta tiene menos margen de giro del que un cambio de gobierno sugiere.

Preguntas frecuentes