La guerra de Siria: cómo empezó en 2011 y cómo cayó el régimen

La guerra de Siria empezó en marzo de 2011 en Deraa, una ciudad del sur cercana a la frontera jordana, cuando un grupo de adolescentes escribió en un muro consignas contra el gobierno y fue detenido y torturado. Las protestas por su liberación fueron reprimidas con disparos, y la represión generó más protestas.

Trece años después, el conflicto había causado cientos de miles de muertos, desplazado a más de la mitad de la población del país y atraído la intervención directa o indirecta de Rusia, Irán, Turquía, Estados Unidos, Israel, los países del Golfo y Hezbolá. En diciembre de 2024 terminó de una forma que casi nadie anticipaba: en once días.

De protesta a guerra civil

El contexto era el de las revueltas árabes de 2011, con Túnez y Egipto ya en transición. Pero Siria tenía dos rasgos que hicieron el desenlace distinto.

El primero era la estructura del régimen. La familia Asad gobernaba desde 1970 apoyada en la comunidad alauí, una minoría en torno al 12 % de la población, que ocupaba los puestos clave del ejército y los servicios de seguridad. A diferencia de Túnez o Egipto, donde el ejército pudo desprenderse del gobernante sin perderlo todo, en Siria el aparato de seguridad y el régimen eran inseparables: la caída del segundo implicaba la destrucción del primero.

El segundo era la fragmentación de la oposición. La deserción de militares dio lugar al Ejército Libre Sirio, pero no existió nunca un mando unificado. La financiación llegó de patrocinadores distintos (Arabia Saudí, Catar, Turquía) con agendas divergentes, y el vacío de coordinación favoreció a las facciones mejor organizadas, que eran las islamistas.

Hacia 2012 el país estaba en guerra civil abierta.

Quién intervino y por qué

Lo que convirtió el conflicto sirio en excepcional fue la cantidad de actores externos con intereses propios sobre el mismo terreno.

Irán apoyó al régimen desde el principio: Siria era el puente terrestre hacia Hezbolá en el Líbano y la pieza central de su arco de influencia regional. Envió asesores, financiación y milicias, y Hezbolá desplegó combatientes cuya intervención en Qusair en 2013 fue decisiva.

Rusia intervino militarmente en septiembre de 2015, cuando el régimen estaba perdiendo. Su campaña aérea invirtió el curso de la guerra y le aseguró la permanencia de sus bases navales en Tartús y aéreas en Hmeimim, sus únicas instalaciones militares en el Mediterráneo.

Turquía apoyó a facciones opositoras y, sobre todo, actuó contra las milicias kurdas del norte, que considera una extensión del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Lanzó varias operaciones y ocupó franjas de territorio fronterizo.

Estados Unidos limitó su intervención al combate contra el Estado Islámico, con las milicias kurdosirias como socio terrestre, tras descartar una campaña contra el régimen en 2013.

Israel ejecutó centenares de ataques contra transferencias de armamento a Hezbolá y contra posiciones iraníes, sin buscar la caída del régimen.

El Estado Islámico

En 2014, la organización que se autoproclamó Estado Islámico tomó Mosul y declaró un califato sobre un territorio a caballo entre Irak y Siria, con capital en Raqa. Llegó a controlar una extensión comparable a la de un país mediano y a administrarla con impuestos, tribunales y producción de petróleo.

Su aparición reordenó las prioridades de todos los actores. La coalición internacional liderada por Estados Unidos se centró en combatirlo, y esa prioridad benefició indirectamente al régimen, que dejó de ser el objetivo principal. La derrota territorial se completó en 2019, aunque la organización mantuvo capacidad de acción clandestina.

Los años del frente congelado

Entre 2018 y 2024 el mapa apenas se movió. El régimen controlaba las ciudades principales y el eje que las une; Turquía y facciones aliadas, el norte fronterizo; las milicias kurdas, el noreste con los campos petrolíferos; y una coalición islamista, la provincia de Idlib, donde se había concentrado la población desplazada por los acuerdos de evacuación.

Ese equilibrio se sostenía sobre acuerdos entre potencias (el llamado formato de Astaná, con Rusia, Irán y Turquía) más que sobre la fuerza de los actores locales. Damasco recuperó gradualmente relaciones diplomáticas con países árabes y volvió a la Liga Árabe en 2023, en lo que pareció una normalización del statu quo.

La caída del régimen en 2024

El 27 de noviembre de 2024, una ofensiva lanzada desde Idlib tomó Alepo en pocos días. Después cayeron Hama, Homs y, el 8 de diciembre, Damasco. Bashar al Asad salió del país. Cincuenta y cuatro años de gobierno familiar terminaron en once días.

La velocidad se explica menos por la fuerza de los atacantes que por el vaciamiento de quienes sostenían al régimen. El ejército sirio llevaba años en descomposición, con soldados mal pagados y deserciones masivas. Rusia tenía sus recursos comprometidos en Ucrania. Hezbolá había sufrido pérdidas severas en su enfrentamiento con Israel durante 2024. Irán había visto degradadas sus posiciones regionales. Cuando el andamiaje externo se retiró, la estructura interna no se sostuvo sola.

La apertura de las prisiones —Saydnaya sobre todo— documentó la escala de la represión de las décadas anteriores y activó la búsqueda de decenas de miles de desaparecidos.

Lo que queda por delante

La transición abrió un conjunto de problemas que la guerra había aplazado.

El primero es la composición del nuevo poder: la facción dominante procede de una organización con pasado yihadista que ha proyectado un discurso pragmático e inclusivo, y la distancia entre ese discurso y la práctica institucional es la incógnita central.

El segundo es territorial. El noreste kurdo mantiene su administración y sus fuerzas, Turquía presiona para desmantelarlas, e Israel amplió su presencia en la zona de separación del Golán tras la caída del régimen.

El tercero es el retorno. Millones de sirios permanecen refugiados en Turquía, Líbano, Jordania y Europa, y su regreso depende de condiciones de seguridad, de vivienda y de resolución de la propiedad que aún no existen. Buena parte de las ciudades está destruida y la reconstrucción requiere una financiación que nadie ha comprometido.

El cuarto es la justicia. Los archivos del aparato de seguridad han quedado accesibles, y de cómo se traten depende que la transición produzca rendición de cuentas o una nueva ronda de agravios.

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