La sucesión de Vladimir Putin: qué dice la constitución rusa hoy

Durante años, la conversación sobre la sucesión de Vladimir Putin partía de una premisa aritmética: la constitución rusa limitaba a dos los mandatos presidenciales consecutivos, el segundo de la serie iniciada en 2012 terminaba en 2024 y, por tanto, alguien tendría que ocupar su lugar. Esa premisa dejó de ser válida en 2020.

La reforma constitucional aprobada aquel año incluyó, entre un paquete amplio de enmiendas, una disposición redactada específicamente para el caso: los mandatos cumplidos antes de la entrada en vigor de la reforma no se contarían. En la práctica, el contador se puso a cero. Putin quedó habilitado para presentarse dos veces más y, si agotara ambas, podría permanecer en el cargo hasta 2036, cuando tendría 83 años. Se presentó en marzo de 2024 y fue reelegido.

Qué dice hoy la constitución rusa

El texto vigente mantiene el límite de dos mandatos consecutivos de seis años cada uno —la duración se amplió de cuatro a seis en 2008—, pero con la salvedad transitoria que anula los cumplidos con anterioridad. Es una técnica jurídica conocida: no se elimina el límite, se reinicia su cómputo.

Las enmiendas de 2020 no se limitaron a eso. Ampliaron los poderes presidenciales sobre el nombramiento de jueces y fiscales, reforzaron el Consejo de Estado como órgano constitucional, establecieron la primacía del derecho ruso sobre las decisiones de tribunales internacionales e incorporaron cláusulas de contenido identitario. El conjunto se sometió a una votación popular de una semana en julio de 2020, presentada como consulta y no como referéndum vinculante, con un resultado favorable superior al 77 %.

La ampliación del Consejo de Estado se leyó entonces como la preparación de una salida a la kazaja: un órgano desde el que conservar el poder real tras abandonar la presidencia formal. Esa hipótesis perdió peso cuando quedó claro que la reforma también permitía simplemente seguir.

El precedente de 2008: el relevo que no lo fue

Rusia ya ensayó una sucesión. En 2008, con dos mandatos consecutivos agotados y sin margen constitucional, Putin no modificó el texto: colocó a Dmitri Medvédev en la presidencia y pasó él mismo a ser primer ministro. El intercambio duró exactamente un mandato. En 2012 Putin regresó a la presidencia y Medvédev volvió al gobierno.

Aquel episodio dejó dos enseñanzas. La primera es que el poder efectivo en el sistema ruso no reside necesariamente en el cargo formal: durante el mandato de Medvédev, las decisiones estratégicas siguieron tomándose en el mismo sitio. La segunda es que la fórmula tuvo coste: las protestas de 2011 y 2012, las mayores desde los años noventa, se activaron precisamente por el anuncio del regreso, percibido como un intercambio pactado por encima del electorado.

Medvédev sigue en el sistema, hoy como vicepresidente del Consejo de Seguridad y con un perfil público de retórica considerablemente más agresiva que la que tuvo como presidente. Ese giro se interpreta habitualmente como una estrategia de supervivencia política más que como una convicción.

Por qué el sistema no tiene un mecanismo de relevo

El problema de la sucesión de Vladimir Putin no es que falte un candidato, sino que falta un procedimiento.

Los sistemas autoritarios institucionalizados resuelven el relevo mediante reglas internas: el Partido Comunista chino fijó límites de mandato y edad, y una liturgia de promoción que hace previsible quién asciende. El sistema ruso no dispone de nada equivalente. No hay un partido con vida orgánica capaz de designar (Rusia Unida funciona como maquinaria electoral, no como cantera), ni un politburó, ni una carrera reglada.

Lo que hay es un equilibrio entre grupos: los servicios de seguridad, los gestores de las grandes empresas estatales, la administración presidencial y los círculos personales formados en San Petersburgo. Ese equilibrio lo arbitra una sola persona. Un sistema arbitrado personalmente no produce sucesores: los sucesores potenciales son, por definición, amenazas.

De ahí la rotación deliberada de figuras. Nombres que en algún momento se citaron como posibles herederos (gobernadores jóvenes, tecnócratas, dirigentes regionales) han sido promovidos y desplazados sin que ninguno consolidara una base propia.

Los perfiles que se citan

Cualquier lista de candidatos hay que leerla con la advertencia de que en este sistema aparecer en la lista suele acortar la carrera. Con esa reserva, los perfiles que se mencionan con más frecuencia se agrupan en tres categorías.

Los tecnócratas de gestión, como el primer ministro Mijaíl Mishustin, que llegó al cargo en 2020 desde la dirección del servicio tributario con un perfil administrativo y sin base política propia. Su virtud a ojos del sistema es precisamente esa ausencia de ambición visible.

Los hombres de los servicios, procedentes del FSB y del Consejo de Seguridad, que representan la continuidad más literal del núcleo de poder pero carecen de perfil público y de cualquier capacidad de arrastre electoral.

Los dirigentes con base territorial, como Serguéi Sobianin en Moscú, con gestión visible y notoriedad, lo que en este contexto es tanto un activo como un riesgo.

Ninguno de los tres perfiles ha recibido señal alguna de designación. Y la experiencia de 2008 sugiere que, llegado el caso, la elección se anunciaría con poco margen y se presentaría como una decisión ya tomada.

El escenario que nadie planifica

La tercera vía es la que no aparece en ninguna hoja de ruta: una sucesión no programada, por incapacidad o muerte. La constitución prevé que el primer ministro asuma interinamente y que se convoquen elecciones en tres meses. Es el mismo mecanismo que llevó a Putin al poder en 1999, cuando Borís Yeltsin dimitió el 31 de diciembre y dejó al primer ministro como presidente en funciones a las puertas de una campaña.

Aquel precedente es instructivo por lo que revela del método: el relevo se ejecutó desde dentro, con el aparato ya alineado, y la elección posterior lo ratificó. Un mecanismo así requiere que el aparato esté cohesionado en el momento del traspaso. Si el equilibrio entre grupos se rompiera antes de existir un heredero designado, el procedimiento constitucional sería insuficiente para resolver la disputa.

Esa es la fragilidad de fondo de un sistema personalista: funciona con enorme estabilidad mientras el árbitro está, y no tiene previsto qué ocurre cuando no está.

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